Los cuidados en el centro del bienestar: avances y desafíos de la política social en Chile.

El cuidado ha sido definido como una necesidad de todas las personas en todos los momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y formas. El trabajo de cuidado, en consecuencia, ha sido central en la procura del bienestar social, en la medida en que comprende un conjunto de actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas, que tiene gran incidencia en el desarrollo de los países pues constituye un aporte importante a la economía y niveles de bienestar de las naciones. Sin embargo, no ha sido hasta muy recientemente que se ha empezado a reconocer la importancia del cuidado en la sostenibilidad de la vida. Ha sido la llamada crisis de los cuidados, resultado de las profundas transformaciones sociodemográficas de los últimos tiempos, quien ha develado las profundas desigualdades y escasa valoración social que se esconden tras este trabajo, provisto fundamentalmente por las familias, y en particular por las mujeres. A ello, cabría añadir los cambios, no menos importantes, en la consideración del significado de cuidar y en las expectativas en relación a la calidad de los cuidados, tanto para los niños y niñas, como para las personas mayores en situación de dependencia o las personas con enfermedades crónicas o en situación de discapacidad.

Debido a la enorme trascendencia e impacto del trabajo de cuidado, desde el punto de vista de la política pública, el debate sobre el tema ha traspasado las fronteras del espacio académico para convertirse en una cuestión política clave dentro de las discusiones sobre la reestructuración de los sistemas de protección social. En Chile, la incidencia e impacto tanto de los factores demográficos como de los procesos sociales de cambio y de las concepciones acerca del cuidado, han erosionado el modelo previo de organización social de los cuidados, disminuyendo la oferta de cuidadores y aumentando la demanda de cuidado.

El retraimiento del Estado ha significado una alta individualización, una mayor vulnerabilidad de las personas y una recarga extraordinaria para las familias. La familia ha pasado a estar en el centro de las tensiones, compensando el retiro y debilidad del Estado en la protección social, al tiempo que, mitigando los impactos e inestabilidades asociadas a los ciclos económicos, particularmente determinantes en una sociedad donde el mercado ocupa un lugar tan protagónico.

Los instrumentos jurídicos que aseguren el derecho multidimensional al cuidado aún son débiles y aunque se ha avanzado en la formulación de nuevos marcos normativos, su instalación definitiva y evaluaciones comprensivas no se han materializado. Por su parte, se experimentan tensiones entre los niveles de ejecución de la política (central y local) y la gestión de las leyes, además de una alta focalización y subsidiaridad que impiden que amplios sectores medios con bajas remuneraciones no estén adecuadamente cubiertos en sus derechos fundamentales en torno al cuidado.

Los programas existentes se encuentran permeados por una serie de lógicas y prácticas profesionales, políticas y ciudadanas distintas y, en ocasiones, contradictorias. La intervención resulta influenciada por los códigos profesionales que a su vez se encuentran tensionados con la lógica política y la familiar. Por ende, resulta importante considerar sus diferentes racionalidades, lógicas y significaciones.

Frente a las crecientes demandas, el nivel de la oferta es deficitario, costoso y carente de estructuras de atención alternativas a los cuidados informales y compatibles con las múltiples necesidades de las familias y las personas que requieren cuidados. El escenario es más complejo por cuanto está atravesado por una alta desigualdad en la distribución y provisión del cuidado según género, clase, parentesco, grupos que requieren cuidados y territorio. Se observa además el aumento de dinámicas de mercantilización de los cuidados, sin un diseño adecuado y suficiente de servicios sociales, para las personas y las familias. El trabajo de cuidado sigue experimentando una fuerte devaluación social, por cuanto quienes lo proveen, fundamentalmente las mujeres, y las personas que se identifican como demandantes (personas mayores, niños/as o en situación de discapacidad) son portadores de un bajo estatus social. Esta disparidad se acentúa debido a la consideración de una cultura maternalista en las políticas sociales que continúa perpetuando la división sexual del trabajo y los estereotipos de género.

En respuesta a estos déficits, en Chile se han producido importantes transformaciones de los cuerpos normativos y la política social que regulan y protegen el derecho a cuidar y ser cuidado y la protección social en general. En particular, destaca el avance durante el actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en el diseño e implementación de un Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida. Aunque su puesta en práctica es incipiente aún, este paso puede interpretarse como una consolidación del paso de políticas asistenciales y compensatorias (basadas exclusivamente en atender las necesidades básicas de determinados sectores de población en situación de vulnerabilidad) hacia una política de reconocimiento más amplio de derechos.

Sin embargo, la puesta en práctica de este subsistema aún está en proceso, y requiere de monitoreo y evaluación. El año 2016, el Comité Intersectorial de Desarrollo Social aprobó la propuesta de un modelo de gestión del Subsistema y la oferta pública que conformó su primera fase de implementación. La propuesta del Ministerio de Desarrollo Social para la primera fase de implementación, según el Informe de Desarrollo Social 2017 del mismo organismo, es poner el foco en los hogares con personas con dependencia moderada y severa que pertenezcan al 60% de menores ingresos, de acuerdo a la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Teniendo en cuenta lo previsto para esta primera fase, el diseño y puesta en ejecución de la política sigue priorizando a los sectores más pobres. Algunos de los desafíos que se visualizan tienen que ver con prevenir la reproducción de desigualdades de género e intervenir en materia de corresponsabilidad. Se hace necesario fortalecer la perspectiva de género para procurar la integralidad y eficiencia en el diseño e implementación de las políticas sociales. Junto con ello, surge la necesidad de considerar un abordaje familiar en las políticas de cara a reducir la dispersión y fragmentación con que las políticas llegan a su población objetivo. La responsabilidad del cuidado debería compartirse entre varios agentes institucionales y sociales, propender a una cobertura universal en base a prestaciones básicas topadas; gestionarse de manera descentralizada; garantizar una provisión mixta y canalizar las reivindicaciones y demandas sociales mediante un amplio sistema de participación de los agentes sociales y económicos y las ONG en varios sistemas consultivos. En suma, se trata de un sistema de protección social universal que haga énfasis en el cuidado como norte claro hacia el bienestar social.